La voluntad, derechos y preferencias de la persona con discapacidad constituyen la base sobre la que se asienta la novedosa regulación contenida en el Anteproyecto de reforma de la legislación civil y procesal en materia de discapacidad. Sin embargo, la voluntad de la persona con discapacidad puede hallarse en ocasiones contaminada, secuestrada o suplantada por terceros que persiguen fines espurios. Debe hallarse el adecuado equilibrio entre el respeto a esos principios consagrados en el Anteproyecto con la necesidad de evitar abusos e influencias indebidas, tal y como prescribe la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. Los apoyos judiciales al ejercicio de la capacidad jurídica y, particularmente, los poderes y mandatos preventivos, deben ser examinados desde esa doble perspectiva
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