Martha Cristina Daniels Rodríguez
La legislación mexicana establece un análisis de riesgos previo al otorgamiento de permisos para manipular organismos genéticamente modificados utilizados en agricultura. Una parte de este análisis lo realiza la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO) para determinar específicamente el riesgo a la diversidad biológica; luego la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), con apoyo en la recomendación de aquélla emite el dictamen que otorga o niega el permiso solicitado.
Por ello, resulta importante identificar si el procedimiento de análisis de riesgos que lleva a cabo CONABIO es adecuado y suficiente para preservar el derecho al ambiente, establecido en la Constitución. Éste es el objetivo del presente artículo.
Mexican legislation establishes the obligation to conduct a risk assessment before any authorization to manipulate agricultural genetically modified organisms is granted. Part of this assessment, regarding risk to biodiversity, is made by the National Commission for the Knowledge and Use of Biodiversity (CONABIO). The Secretariat of Agriculture, Livestock, Rural Development, Fisheries and Food (SAGARPA) considers this opinion to finally grant or deny the requested permission.
Thus, it is important to identify whether CONABIO’s procedure is sufficient to preserve the constitutional right to an adequate environment. That is the aim of this paper.
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