Los cuatro nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, firmados a principios de año, y el que se firmó en el verano de 1976, abarcan la totalidad de aspectos de la libertad religiosa de los católicos españoles, regulables por el Estado. Es fácil mostrar la conformidad de estos acuerdos con la doctrina del Concilio Vaticano II. Esas mismas normas se podrían aplicar a la libertad religiosa de los ciudadanos no católicos, pues no suponen privilegios para la Iglesia católica, sino que se basan en el reconocimiento de los derechos religiosos de los ciudadanos por el Estado, y en el cumplimiento de los deberes de éste respecto a los bienes religiosos de los ciudadanos.
© 2001-2026 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados