La imparable proliferación de las fuentes del Derecho está generando graves problemas en el ámbito de la seguridad jurídica. Las admoniciones de los Tribunales acerca del contenido del principio de legalidad sancionadora encuentran como respuesta el vacío. Al tiempo, lo que tradicionalmente era un dato reservado y confidencial encuentra puertas abiertas por las que transitan distintas Administraciones Públicas: los Convenios entre la AEAT y las Comunidades Autónomas para el intercambio de información no deben pasar inadvertidos.
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