El procedimiento de recuperación de la vivienda frente a los okupas: su validez constitucional

• Autores: Pedro Manuel Quesada López
• Localización: Revista General de Derecho Procesal, ISSN-e 1696-9642, Nº. 50, 2020
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    En el presente trabajo se abordará el estudio del nuevo procedimiento sumario de recuperación de la posesión de viviendas ilegalmente ocupadas, establecido en base a la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas.

    De este modo se estudiarán las respuestas que da el Derecho español respecto a los ordenamientos civil y penal antes de la reforma. Se llegará a la conclusión del carácter insuficiente de tales vías, lo que constituye una inequívoca justificación de la reforma. Aun así, tras el estudio del nuevo procedimiento, se determinará el carácter insuficiente de la legitimación activa de propietarios que pueden acceder al mismo, entre otras cuestiones.

    Una vez analizado el procedimiento, se estudiará la validez del mismo bajo los estándares de la Constitución española y del Convenio Europeo de Derechos Humanos, para llegar a la conclusión de su conformidad.

  • English

    This article will deal with the study of the new summary procedure for the repossession of illegally occupied housing, established by Law 5/2018, of 11 June, amending Law 1/2000, of 7 January, on Civil Procedure, in relation to the illegal occupation of housing.

    In this way, the responses given by Spanish law with respect to civil and criminal law prior to the reform will be studied. The conclusion will be reached on the insufficient nature of these remedies, which constitutes an unequivocal justification for the reform. Even so, after studying the new procedure, the insufficient nature of the standing of owners who may have access to it will be highlighted.

    Once the procedure has been analysed, its validity will be studied under the Spanish constitutional standards and the European Convention on Human Rights, in order to come to the conclusion of its conformity.