La adaptación del derecho procesal español a las directivas antidiscriminatorias de la UE: especial atención a la distribución de la carga de la prueba

• Guillermo Ormazábal Sánchez ^[1]
  1. [1] Universitat de Girona

     Universitat de Girona

     Gerona, España

     
• Localización: Adaptación del derecho procesal español a la normativa europea y a su interpretación por los tribunales: I Congreso Internacional de la Asociación de Profesores de Derecho Procesal de las Universidades Españolas. Murcia, 2018 / coord. por Olga Fuentes Soriano, María Isabel González Cano; Fernando Jiménez Conde (dir.), 2018, ISBN 978-84-9190-949-1, págs. 163-188
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    El trabajo se inicia con un breve estudio del tratamiento de la discriminación en Derecho privado español como paso previo al estudio de los preceptos probatorios contenidos en las diferentes directivas antidiscriminatorias europeas. Finalmente se acomete el análisis de la profusa legislación española relativa a la prueba en los procesos civiles que versan sobre discriminación, entre las que destaca el art. 217.5 LEC, y se formulan una serie de consideraciones conclusivas en las que, en suma, se defiende la conveniencia de no apartarse de las reglas generales de distribución de la carga de la prueba para hacer frente a los problemas probatorios del actor en los procesos civiles relativos a la discriminación entre particulares.

  • English

    The work starts with an overview of the Spanish anti-discrimination private law as a preliminary step prior to analyze the evidenciary provisions contained in a set of European anti-discriminatory directives. Thereafter, the paper focuses on the abundant Spanish statutory provisions governing evidence in civil litigation relating anti-discriminatory issues, especially the article 217.5 of the Spanish Civil Procedure Code. Finally, the author reaches some conclusions among which is worth noting the need not to depart from the ordinary rules governing the allocation of the burden of proof in dealing with the hardships posed to the plaintiffs in anti-discriminatory litigation.