Resumen de Presente y futuro de la contratación laboral temporal en la Administración Pública española
- español
La transposición al ordenamiento español de las cláusulas 4 y 5 del Acuerdo Marco europeo sobre el contrato de duración determinada, incorporado a la Directiva 1999/70/CE -relativas al principio de no discriminación en materia de contratación temporal y la adopción de medidas destinadas a evitar la utilización abusiva de contratos temporales-, tradicionalmente ha sido una cuestión polémica en el caso de nuestro país. En este sentido, el presente artículo analiza, y reflexiona, sobre la jurisprudencia establecida en los últimos tres años por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y su recepción por el Tribunal Supremo, en cuestiones tan distintas como la indemnización del contrato de trabajo de los trabajadores interinos al servicio de la Administración Pública, o el régimen de la extinción contractual de los trabajadores indefinidos no fijos, tanto laborales como sujetos a régimen administrativo o estatutario.
Resuelta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentido negativo la cuestión del posible derecho de los trabajadores interinos por sustitución a una indemnización por extinción de su contrato, a la luz de la Cláusula 4 del referido Acuerdo Marco europeo -asunto De Diego Porras (II) que corrige totalmente la doctrina establecida en De Diego Porras (I)-, doctrina ya anticipada en los asuntos Montero Mateos y Grupo Norte Facility, y acogida la misma por nuestro Tribunal Supremo en este mismo año, lo cierto es que poco más se ha avanzado en este terreno. Y precisamente, finalizado el largo proceso judicial del caso De Diego Porras la sensación que queda es que el debate sobre todo en torno a la Cláusula 5 del referido Acuerdo Marco europeo, en definitiva sobre las medidas destinadas a evitar la utilización abusiva de la contratación temporal, languidecerá hasta que de nuevo los Tribunales de instancia vuelvan a poner de manifiesto las carencias de nuestro país en la limitación de las prácticas abusivas en materia de contratación laboral temporal, y en el reconocimiento de derechos a los trabajadores con contrato laboral temporal que prolongan a lo largo del tiempo su vinculación con la Administración. Una situación que también se aprecia en el caso de las relaciones de trabajo sujetas al régimen administrativo o estatutario, donde las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictadas en los asuntos Pérez López y Martínez de Andrés/Castrejana López, constituyen una llamada de atención sobre las prácticas que pueden estar dándose en ciertos ámbitos de nuestra Administración.
Distinta es la problemática que rodea la siempre compleja institución del trabajador indefinido no fijo, pues en este caso la Jurisprudencia del Tribunal Supremo nos sitúa ante una diferente percepción de la misma dependiendo de la jurisdicción donde se ubique el litigio. Así, y desde 2017 -tras un cambio de la jurisprudencia vigente hasta el momento-, para la Sala de lo Social el trabajador indefinido no fijo no puede considerarse un trabajador temporal, no obstante lo cual, dada su difícil situación jurídica en el seno de la Administración pública española, considera que merece se le reconozca a la extinción de su vínculo jurídico una indemnización superior a la prevista para los contratos de trabajo temporal. Una visión alternativa es la que plantea la Sala de lo Contencioso-administrativo -apoyándose en la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos Pérez López y Martínez de Andrés/Castrejana López-, pues discute tanto que la respuesta jurídica al abuso en los nombramientos temporales de los funcionarios interinos y del personal eventual sea la atribución a los mismos de la condición de personal indefinido no fijo, como que la indemnización a otorgar a la extinción del vínculo jurídico sea la misma en todos los casos, pues deberá solicitarse la misma en el proceso y probarse el alcance del daño. En el fondo, esta distinta percepción de un mismo fenómeno vuelve a abundar en la necesidad de una respuesta legislativa que asuma la problemática de un colectivo que no para de crecer en nuestro país, y que registra condicionantes distintos en función de si se sujeta al régimen laboral o al administrativo.
En todo caso, y por último, el autor plantea la necesidad de un papel más activo de las organizaciones sindicales en la transposición a nuestro ordenamiento de las referidas cláusulas del Acuerdo comunitario, y la necesidad de un tratamiento específico de la problemática reflejada en este estudio. Valorando positivamente acuerdos como el IV Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado (2019), que aborda la recuperación de derechos por el personal laboral de la Administración Pública española, o el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo (2018), en el que sí se pacta la puesta en marcha de procesos de estabilización de los empleados públicos, parece claro que las cuestiones analizadas requieren una acción más incisiva de las organizaciones sindicales que promueva, e induzca, la ineludible acción legislativa en este terreno.
- English
The transposition into Spanish legislation of clauses 4 and 5 of the European Framework Agreement on the Fixed-term Work, incorporated in Directive 1999/70 / EC -relating to the principle of non-discrimination in relation to fixedterm work and the adoption of measures to prevent abuse in this matter- it has traditionally been a controversial issue in the case of our country. In this sense, the present article analyzes, and reflects, on the jurisprudence established in the last three years by the Court of Justice of the European Union, and its reception by the Spanish Supreme Court, in matters as different as the indemnification of the labour contract of the interim worker in the service of the Public Administration, or the regime of the contractual extinction of the indefined non-fixed workers, both labour and subject to administrative or statutory regime.
Resolved by the Court of Justice of the European Union in a negative sense the question of the possible right of interim workers by replacement to a compensation for termination of their contract, in light of Clause 4 of the aforementioned European Framework Agreement -De Diego Porras case (II) that completely corrects the doctrine established in De Diego Porras (I)-, doctrine already anticipated in the Montero Mateos and Grupo Norte Facility cases, and accepted by our Supreme Court in this same year, the truth is that little else progress has been made in this area. And precisely, after the long judicial process in the case of De Diego Porras, the feeling that remains is that the debate on everything related to Clause 5 of the aforementioned European Framework Agreement, ultimately on the measures aimed at avoiding the abusive use of fixed-term work contract, will languish until again the Courts of instance return to show the shortcomings of our country in the limitation of abusive practices in the matter of fixed-term work contract, and in the recognition of rights to workers with a fixed-term work contract that extend to over time its link with the Administration. A situation that can also be seen in the case of labour relations subject to the administrative or statutory regime, where the judgments of the Court of Justice of the European Union, issued in the cases Pérez López and Martínez de Andrés / Castrejana López, constitute a so-called of attention to the practices that may be taking place in certain areas of our Administration.
Different is the problematic that surrounds the always complex institution of the indefinite not-fixed worker, because in this case the jurisprudence of the Supreme Court places us before a different perception of the same depending on the jurisdiction where the litigation is located. Thus, and since 2017 -after a change in the jurisprudence in force until now-, for the Social Chamber, the indefinite not-fixed worker can not be considered a temporary worker, however, given his difficult legal situation within the spanish public Administration, considers that it deserves to be recognized at the extinction of its legal link compensation in excess of that provided for temporary employment contracts. An alternative view is the one proposed by the Contentious-Administrative Chamber -based on the doctrine established by the Court of Justice of the European Union in the cases of Pérez López and Martínez de Andrés / Castrejana López- since it argues so much that the legal response to the abuse in the temporary appointments of the temporary civil servants and of the temporary personnel is the attribution to them of the condition of indefinite non-fixed personnel, as that the indemnification to grant to the extinction of the legal bond is the same in all the cases, because it should be requested in the process and the extent of the damage should be proven. Basically, this different perception of the same phenomenon once again abounds in the need for a legislative response that assumes the problem of a group that does not stop growing in our country, and that registers different conditions depending on whether it is subject to the regime labor or administrative In any case, and finally, the author raises the need for a more active role of trade union organizations in the transposition to our order of the aforementioned clauses of the Community Agreement, and the need for a specific treatment of the problems reflected in this study. Positively assessing agreements such as the IV Agreement for Labour Personnel of the General State Administration (2019), which addresses the recovery of rights by the workforce of the Spanish Public Administration, or the II Government-Trade Unions Agreement for the improvement of public employment and working conditions (2018), in which it is agreed the implementation of stabilization processes for public employees, it seems clear that the issues analyzed require a more incisive action by trade union organizations to promote, and induce, the inescapable legislative action in this area.
