Viabilidad de una ley estatal ordenadora de la profesión

• Alberto Palomar Olmeda ^[1]
  1. [1] Universidad Carlos III de Madrid

     Universidad Carlos III de Madrid

     Madrid, España

     
• Localización: Revista Española de Educación Física y Deportes: REEFD, ISSN-e 1133-6366, Nº. 425, 2019, págs. 103-130
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Feasibility of a state law ordering the profession
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  • español

    El modelo de ordenación de la profesión de los educadores de educación física pasa, sin duda, por un momento de indefinición. El fraccionamiento de la ordenación que se traduce en las leyes de las diferentes autonomías por ausencia de la normativa estatal implica una cierta distorsión sobre el papel del Estado. El presente trabajo tiene como objetivo justificar la posibilidad de una norma de carácter estatal que se centré, en esencia, en establecer una reserva funcional del máximo nivel para el conjunto del territorio español. Esta reserva funcional debe abarcar, únicamente, a las profesiones tituladas del primer nivel ya que este el ámbito funcional que la jurisprudencia constitucional admite en el marco de la competencia del Estado. Adicionalmente a la propia justificación de la competencia estatal lo que resulta esencial es encontrar el ámbito material de la reserva funcional y la justificación del interés público. Esta justificación se fundamenta en la salud pública, en la protección de los consumidores y de los colectivos específicos, títulos que admitirían la concreción de ese ámbito funcional entorno a una profesión.

    La adopción de la norma estatal exigiría superar el test de proporcionalidad diseñado por el derecho comunitario para propiciar la validez de una distracción funcional de un mercado que, de otra forma, puede ser libre. Es cierto que este test y este efecto se plantean no solo en relación con la eventual norma estatal sino con el conjunto de normas – incluidas las autonómicas- que produzcan el efecto real de segregación de un ámbito parcial evitando la libre prestación de servicios.

  • English

    The model of organization of the profession of physical education educators passes, without a doubt, for a moment of uncertainty. The division of ordination that translates into the laws of the different autonomies due to the absence of state regulations implies a certain distortion of the role of the State. The present work has as objective to justify the possibility of a norm of state character that was centered, in essence, in establishing a functional reserve of the maximum level for the whole of the Spanish territory. This functional reserve should only cover the professions of the first level, since this is the functional scope that constitutional jurisprudence admits within the framework of the competence of the State. In addition to the justification of the state competence, what is essential is to find the material scope of the functional reserve and the justification of the public interest. This justification is based on public health, the protection of consumers and specific groups, titles that would allow the realization of this functional area around a profession.

    The adoption of the state standard would require overcoming the proportionality test designed by community law to propitiate the validity of a functional distraction of a market that, otherwise, can be free. It is true that this test and this effect are raised not only in relation to the eventual state regulation but also to the set of norms - including the autonomic ones - that produce the real effect of segregation of a partial scope, avoiding the free provision of services.