El Real Decreto de 14 de noviembre de 1890 que facultaba la creación de cámaras agrícolas fue la primera disposición legal que en España regulaba, de un modo especifico, la creación de asociaciones agrarias. Promulgado en plena crisis finisecular, pretendía impulsar el desarrollo de la agricultura y coordinar la representación de los intereses de este sector económico. Aunque la respuesta al decreto fue muy limitada y se crearon un número limitado de cámaras, fue en Cataluña donde éstas fueron más importantes. Este artículo pretende analizar su contribución al proceso de cambio técnico por medio de la acción cooperativa (suministro de inputs, crédito agrícola y otros servicios cooperativos) y de la difusión agronómica la través de publicaciones, conferencias, concursos, exposiciones, campañas, laboratorios o campos de experimentación), y trata de explicar los limites de este modelo asociativo en el desarrollo del cooperativismo agrario durante las primeras décadas del siglo XX.
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