El presente artículo supone una revisión del actual papel del menor en la práctica judicial en relación con el efectivo ejercicio de su derecho a ser oído y escuchado a los efectos de que su voluntad sea tenida en cuenta en todas las cuestiones que afecten a su interés, prevaleciendo por encima de todo la determinación de su interés superior, con especial atención a los menores de edad con discapacidad, ante la falta de accesibilidad al ejercicio de tal derecho en la práctica forense.
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