La gestión de riesgos de corrupción, fraude y otras irregularidades en la contratación pública

• LARA BAENA GARCÍA ^[1]
  1. [1] Oficina Antifraude de Cataluña
• Localización: Revista de contabilidad y dirección, ISSN 1887-5696, Nº. 28, 2019 (Ejemplar dedicado a: Prevención y gestión de riegos), ISBN 978-84-17942-25-0, págs. 91-106
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    El marco normativo actual obliga a los órganos de contratación a adoptar medidas para luchar contra la corrupción y el fraude, así como a prevenir, detectar y responder a los conflictos de interés. La detección de prácticas irregulares, fraudulentas o corruptas y la respuesta rápida, cierta, homogénea y proporcional es necesaria y prioritaria para reducir la gravedad de sus consecuencias sobre la calidad y eficiencia en el aprovisionamiento de obras, suministros y servicios de los entes públicos, sobre el acceso de los operadores económicos a las licitaciones públicas e igualdad de trato, así como sobre la libre competencia en los mercados. Cuando todas estas medidas contingentes son eficaces, pueden desanimar la reiteración de estas conductas en las organizaciones; pero resultan insuficientes para reducir de forma significativa la probabilidad de que dichas prácticas se materialicen. Solo si se identifican los factores que motivan, crean oportunidades e incentivos para estas conductas en una organización, y se planifican e implantan acciones dirigidas específicamente a contrarrestar aquellos factores, se puede reducir la probabilidad de que se materialicen este tipo de prácticas y hacer auténtica prevención. El proyecto de la Oficina Antifraude sobre riesgos en la contratación pública tiene, entre sus objetivos, la sistematización de los factores de riesgo institucionales para facilitar a los entes públicos su autoevaluación, punto de partida indispensable para los planes de prevención. Este artículo sintetiza algunos de los resultados de este proyecto.

  • English

    The current regulatory framework obligesthe contracting authorities to adopt measures to combat corruption and fraud, as well as to prevent, detect and respond to conflicts of interest. The detection of irregular, fraudulent or corrupt practices and the rapid, certain, homogeneous and proportional response is necessary and priority to reduce the seriousness ofits consequences on the quality and efficiency in the provision of works, supplies and services of public entities, on the access of economic operators to public tenders and equal treatment, as well as to free competition in the markets. When all these contingent measures are effective,they can discourage the repetition ofthese behaviors in organizations; but they are insufficient to significantly reduce the likelihood that such practices will materialize. Only if you identify the factors that motivate, create opportunities and incentives for these behaviors in an organization, and plan and implement actions specifically aimed at counteracting those factors, you can reduce the likelihood that these practices will materialize and do real prevention.

    The Anti-Fraud Office project on risks in public procurement has, among its objectives, the systematization of institutional risk factorsto facilitate public authorities their self-evaluation, an indispensable starting point for prevention plans. This article summarizes some of the results of this project.