Los altercados de Tucumán tras la expulsión de los Jesuitas

• Enrique Giménez López ^[1]
  1. [1] Universitat d'Alacant

     Universitat d'Alacant

     Alicante, España

     
• Localización: Chronica nova: Revista de historia moderna de la Universidad de Granada, ISSN 0210-9611, Nº 45, 2019 (Ejemplar dedicado a: LA FAMILIA EN ANDALUCÍA EN LA EDAD MODERNA), págs. 297-319
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • The altercations in Tucumán after the expulsion of the Jesuits
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• Resumen
  • español

    Con la expulsión de los jesuitas de la gobernación de Tucumán, dependiente del virreinato del Perú, se vivieron tumultos en las ciudades de Jujuy y Salta, en los que se vieron implicados por una parte el teniente coronel Juan Manuel Fernández Campero, gobernador de la provincia, y herido de bala en una refriega, y por otra miembros de las élites locales, considerados partidarios de la Compañía de Jesús, que participaban en provecho propio en las juntas creadas para la venta de los bienes de los jesuitas, y que se hallaban protegidos por la Audiencia de Charcas. El Consejo Extraordinario, tras ordenar que fueran conducidos a Españas los principales implicados en aquellos hechos, realizó una investigación que se prolongó hasta febrero de 1777, en que una resolución real levantó las penas impuestas a los acusados de sedición.

  • English

    With the expulsion of the Jesuits from the government of Tucumán, dependent on the viceroyalty of Peru, there were riots in the cities of Jujuy and Salta, in which Lieutenant Colonel Juan Manuel Fernández Campero, governor of the province, was implicated on the one hand , and wounded by a bullet in a skirmish, and by other members of the local elites, considered partisans of the Society of Jesus, who participated for their own benefit in the Juntas created for the sale of Jesuit assets, and which were protected by the Audiencia de Charcas. The Consejo Extraordinario, after ordering the principals involved in those events to be taken to Spain, carried out an investigation that lasted until february 1777, when a real resolution lifted the penalties imposed on the accused of sedition.