La evaluación de las políticas públicas no solo es una obligación legal creciente en las nuevas normas administrativas y sectoriales. En el caso del despliegue e implantación de los portales de transparencia es un claro mandato legislativo en la ley básica y en la inmensa mayoría de las autonómicas y, además, es un recurso que se ha demostrado eficaz (en el ejemplo canario que se describe a continuación) para mejorar el cumplimiento de las obligaciones informativas de la inmensa mayoría de las administraciones.
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