El envejecimiento de la población es uno de los retos más importantes a los que nos enfrentaremos en el siglo XXI. El cambio demográfico está produciendo, a su vez, cambios en la sociedad, en el ámbito económico-financiero, así como en los patrones de consumo e inversión. Las personas mayores de 65 años son un colectivo que usualmente presenta un nivel de ingresos por debajo de la media nacional y que, combinado con el aumento en los costes para cubrir las necesidades de atención y cuidados surgidas con la edad, puede aumentar el riesgo de incurrir en costes catastróficos. Sin embargo, a su vez, este colectivo presenta un índice de propiedad de vivienda alto. Por esta razón, los esquemas de liberación de capital, en concreto la hipoteca inversa, pueden ayudar a cubrir el aumento de los costes relacionados con el cuidado y garantizar un nivel de ingresos digno, garantizado el bienestar de las personas mayores. Además, dado el escaso desarrollo de este producto por parte de las entidades privadas, si el Estado se encargase de ofrecer esta operación financiera a través de las Administraciones Públicas, podría tener la opción de obtener una vivienda que podría incluir en el parque de vivienda pública. En un escenario con un 8% de hogares potenciales que aceptan la operación (313.833 viviendas) y un tipo de interés constante a lo largo del tiempo del 7%, el nivel de gasto de las administraciones para el primer año sería de 8.810 millones de euros, aproximadamente, suponiendo un 0,73% del Producto Interior Bruto. Pese a que este trabajo presenta numerosas e importantes limitaciones, es un ejercicio teórico que permite avanzar en la creación de alternativas de financiación a los problemas económicos y sociales del envejecimiento.
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