En misiva emitida el 17 de julio de 1647, el Inquisidor General y los señores de la Suprema comunicaban al doctor Don Pedro de Medina Rico, inquisidor apostólico del reino de Sevilla, la provisión del cargo como visitador del Tribunal del Santo Oficio de Cartagena de Indias. Anexaban al nombramiento el cuestionario de preguntas con el cual debía indagar sobre el estado de la administración y funcionamiento de la sede. Asimismo, comprometían 3000 ducados de los recursos de la sede cartagenera, para retribuir los servicios del visitador y de su secretario, en cada año. Sin contar, por supuesto, con el dinero que debía destinarse para pagar los gastos del establecimiento del funcionario.
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