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Validez de convocatoria de Junta General realizada por Consejo de Administración incompleto pero mayoritario, y posible infracción del derecho de información del socio. Comentario a la STS núm. 24/2019, de 16 de enero de 2019 (RJ 2019, 149)

    1. [1] Universidad de Sevilla

      Universidad de Sevilla

      Sevilla, España

  • Localización: Revista Aranzadi de derecho patrimonial, ISSN 1139-7179, Nº 50, 2019
  • Idioma: español
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • español

      Se cuestiona la validez de una junta general que había sido convocada por un consejo de administración incompleto pero mayoritario, al quedar reducido el número de miembros de tres a dos, al producirse la dimisión de uno de ellos. Ante esta situación, el recurrente alega que dicho consejo está bloqueado, no pudiendo, en consecuencia, ejercer sus competencias. El Tribunal Supremo distingue este supuesto de aquel en el que el consejo de administración es deficitario, esto es, al que le faltan los miembros necesarios para su constitución. Separando el supuesto enjuiciado (que, como consejo incompleto, no queda paralizado), del que regula el art. 171 de la Ley de Sociedades de Capital (en lo sucesivo, LSC), permisivo para que todo socio pueda solicitar del Letrado de la Administración de Justicia y del Registrador Mercantil la convocatoria de junta general para el nombramiento de los administradores. Se constata un ejercicio abusivo por parte del demandante de su derecho de información, solicitando unos datos a los que ya había accedido al haber sido presidente del consejo anteriormente.

    • English

      The validity of a general meeting that had been convened by an incomplete but majority board of directors is questioned, as the number of members is reduced from three to two, upon the resignation of one of them. Faced with this situation, the appellant alleges that said Administration Counsel is blocked, and therefore it can´t exercise its competences. Supreme Court distinguishes this assumption from that in which the Administration Counsel is deficient, which lacks the necessary members for its constitution. Separating the alleged case that, as an incomplete Counsel, is not paralyzed, from the one regulated by art. 171 LSC, it allows every member can request the general meeting for the appointment of administrators from the Judicial Secretary and the Commercial Registrar. An abusive exercise by the plaintiff of his right to information is found, requesting data that he had already accessed by having previously been Administration Counsel President.


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