Patricia Moreno Arrarás (entrevistado), Paloma Monleón (entrev.), Ubaldo Hernández (entrev.)
Una de las relaciones laborales menos conocidas es la de las personas presas. Según datos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en la actualidad trabajan en prisión unas 12000 personas, en muchas ocasiones a tiempo completo, con infracotizaciones y con una retribución media de 220 euros mensuales. Mientras las empresas que establecen sus talleres en prisión cuentan con todo tipo de facilidades que posibilitan el mantenimiento de condiciones laborales nefastas, las personas presas tienen grandes dificultades para ejercer sus derechos laborales, tanto por temor a eventuales represalias como por falta de información. En palabras de Patricia Moreno Arraras, «la población reclusa trabaja en un marco normativo propio del siglo XIX». Desde la Confederación General del Trabajo hemos iniciado un trabajo de difusión de esta problemática a través de los medios confederales que tiene como horizonte la organización y la reivindicación de los derechos laborales por parte de las propias personas presas. Sobre este y otros temas relacionados con la prisión en la actualidad, charlamos con Patricia Moreno Arraras, abogada especialista en Derecho Penal y Penitenciario.
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