Uno de los principales problemas de la justicia, en materia de contratación bancaria, se plasmaba en la suspensión de miles de ejecuciones hipotecarias ante nuestros órganos judiciales que esperaban la resolución del TJUE sobre la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo. Sin embargo, tras la emisión de esta resolución, en fecha de 26 de marzo de 2019 por parte del Tribunal comunitario, fueron muy pocos los Juzgados y Tribunales que decidieron poner fin a la suspensión de las ejecuciones, siendo el criterio mayoritario el de esperar a que el Tribunal Supremo se pronunciase sobre esta materia. Este esperado pronunciamiento se produce con la resolución de fecha de 11 de septiembre de 2019, no exenta de interrogantes. A continuación, analizamos los puntos de mayor relevancia de la sentencia.
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