La igura jurídica del criterio de oportunidad fue creada por la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad del año 2008, facultando para su aplicación exclusivamente al Ministerio Público. Su inalidad, al autorizar al Fiscal de abstenerse de continuar con la investigación, no es otra si no evitar dilaciones y trabas en la procuración de justicia, especialmente con delitos de ‘bagatela’ o de menor trascendencia.
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