El Perú acepta la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 21 de enero de 1981, desde esos años muchas acciones consideradas como violaciones de Derechos Humanos han ocurrido. Se trata de una investigación cualitativa, documental, como método para la recolección de datos se utilizó el transversal (sentencias emitidas desde el año 1990 al 2013) como instrumento de recolección se utilizó la ficha hemerográfica. El Perú violó principalmente el derecho a las garantías judiciales consagrado en el artículo 8 de la convención (22 casos), en segundo lugar el derecho a la protección judicial, consagrado en el artículo 25 (21 casos) y en tercer lugar el derecho a la integridad nacional consagrado en el artículo 5 (18 casos). La CIDH ordenó, en un total de 29 sentencias, al Estado Peruano el pago de $. 31, 376,652.3 a las víctimas y familiares de violaciones de derechos humanos. La mayor reparación ordenada fue en el caso de cesantes jubilados de la Contraloría, cuyo monto fue de $ 6 006 000. Resaltan seis casos de desapariciones forzadas; dos de ellos se relacionan con desapariciones de internos de penales (El Frontón y Castro Castro) además cinco sentencias por ejecuciones extrajudiciales cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional (casos de Barrios Altos y la Cantuta). El Perú, en su defensa, presentó durante la mayoría de procesos excepciones preliminares, los cuales no fueron aceptados. El Perú se allanó en seis procesos.
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