Ante posibles conflictos que pueden surgir con la adaptación de la Directiva 2018/822 a nuestro ordenamiento, algunos expertos recomiendan que el Ministerio de Hacienda debería tomar la iniciativa de regular el derecho al secreto profesional de abogados y asesores de empresas de forma más precisa y clara antes del 30 de junio de 2020.
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