Con más o menos frecuencia, la clase política se renueva, pero se mantiene en aquello de procurar un «estado de bienestar» en crecimiento progresivo sin que nadie se plante hasta dónde ese constante crecimiento es razonable y conveniente para el bien común. Tampoco parece que a la ciudadanía le preocupe la necesidad de establecer mecanismos que permitan evaluar con certeza la eficiencia/eficacia del gasto público, resultando sospechoso que el control parlamentario «ex post» de las Leyes de Presupuestos sea prácticamente inexistente, tanto en el ámbito de las Cortes Generales como de los Parlamentos Autonómicos; la clase política coincide fácilmente en mirar para otro lado, por eso de hoy por ti, mañana por mí. Y todo parece que en lo fiscal volveremos allí donde solíamos, al incremento de la presión fiscal, pese a que el sistema tributario actual proporciona, para financiar los gastos necesarios, ingresos tributarios suficientes disponiendo la Administración tributaria para la recaudación de los tributos, entre otras, de esa herramienta perversa que encierra la Ley General Tributaria y que concluye en la figura del «responsable del responsable» o «responsabilidad solidaria en cadena», ahora convalidada por el Tribunal Supremo. Y mientras, el «Defensor del Pueblo» en almoneda política.
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