La difusión de las ideas del islamismo violento, dentro de las prisiones, se ha convertido en un problema de seguridad nacional para los Estados integrantes de la Unión Europea. El control de este fenómeno exige el establecimiento de mecanismos de vigilancia, que deben respetar, en todo caso, los derechos de los reclusos no afectados por la condena. Se impone, en consecuencia, un difícil juego de equilibrio entre seguridad y garantías legales. En el presente artículo se analizan las medidas adoptadas, en ese sentido, por la Administración española.
The diffusion of the ideas of violent Islamism, within prisons, has become a problem of national security for the Member States of the European Union. The control of this phenomenon requires the establishment of monitoring mechanisms, which must, in any case, respect the rights of prisoners not affected by the sentence. A difficult balancing act between security and legal guarantees is therefore imposed. This article analyses the measures adopted in this regard by the Spanish Administration.
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