El Código Nacional de Procedimientos Penales regula el Procedimiento Abreviado, como mecanismo constitucional que permite acelerar la conclusión de un juicio pero, aun cuando representa bondades, su instrumentación procesal ha sido desafortunada, porque vulnera derechos humanos y principios procesales, ocasionando desigualdad entre las partes, lo que eventualmente hace nugatoria su aplicación o bien, resulta materia fértil para promover la corrupción y la impunidad. Desde la experiencia jurisdiccional, se revisa el principio de igualdad en el Procedimiento Abreviado en el contexto del sistema de administración de justicia en México.
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