Ciudad Real, España
La Directiva 2018/822/UE del Consejo, de 25 de mayo de 2018, introduce en el ámbito europeo la obligación de revelar mecanismos transfronterizos de planificación fiscal agresiva, a cargo fundamentalmente de los intermediarios fiscales y, en menor medida, de los contribuyentes. Desde su publicación, la norma europea ha suscitado la preocupación de los sectores profesionales afectados y una importante controversia sobre su significado, alcance e implicaciones. El objeto de este trabajo es analizar los interrogantes planteados por este nuevo deber de información desde la óptica del principio de seguridad jurídica y de los derechos fundamentales implicados, así como examinar de forma crítica las respuestas que a esos interrogantes se pergeñan en los proyectados textos normativos de transposición de la Directiva en España. El trabajo concluye con unas reflexiones sobre la necesidad de coordinar esta nueva obligación de transparencia fiscal con una mayor profundización en el modelo de cumplimiento cooperativo de las obligaciones tributarias.
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