Con ocasión de la crisis de 2008 la Unión Europea, tomando partido por el capital financiero, ha impulsado a los Estados a emprender reformas de sus Sistemas de Seguridad Social que suponen recorte de prestaciones, en especial de la pensión de jubilación en aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pero esas reformas tienen serios problemas de constitucionalidad y de legalidad y no gozan del favor de la opinión pública.
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