La crisis financiera ha acelerado el proceso de des-constitucionalización de nuestro sistema normativo. El vaciamiento consistiría en la desactivación de los mecanismos centrales de cualquier norma fundamental, de aquellos que permiten efectivamente limitar los poderes. A través de la explicación de las implicaciones de la reforma del art. 135 CE, el texto señala de qué manera las distintas Administraciones públicas quedan sometidas a los dictados de una no cuestionada razón económica, en el marco de las directrices impuestas por la UE. Se apuntan algunas líneas de reactivación constitucional, poniendo el énfasis no tanto en los derechos como en los sujetos: reforzar los procesos sociales que deben permitir que los sujetos, individual y colectivamente, den forma a sus derechos.
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