Pese a las reformas legislativas en materia patrimonial que han afectado a las Administraciones Públicas (en particular, la nueva Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas 33/2003, de 3 de noviembre), en el ámbito de la Administración Local continúa rigiendo una legislación que seguía los criterios de las normas que han sido ahora superadas. Ello lógicamente plantea una serie de problemas de conciliación normativa, pues téngase además en cuenta que una serie de preceptos de aquella ley gozan de la condición de básicos, por lo que su aplicabilidad en la esfera local genera interesantes conflictos, teniendo siempre presentes los preceptos básicos de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, que es legislación especial por razón del sujeto. El presente artículo se centra en los contratos patrimoniales de enajenación onerosa de bienes inmuebles municipales, analizando el impacto de la nueva legislación estatal, y de la autonómica que se ha venido dictando, sobre la Administración Local, con las nuevas vías hermenéuticas que se abren dirigidas a la flexibilización de las rigideces que se plantean en la esfera local, derivadas de la situación descrita.
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