Los poderes públicos, tanto estatales como comunitarios, han optado por una decidida potenciación del transporte marítimo y ferroviario en detrimento del efectuado por carretera. La trascendencia económica de los puertos de interés general y su imperativo desarrollo no admiten, sin embargo, dar la espalda al hecho de que buena parte de los puertos de interés general del Estado se hallan enclavados en el entorno de núcleos urbanos.
Las ciudades y puertos, otrora fuertemente entrelazados en una mutua comunidad de intereses, se encuentran actualmente en una compleja situación en la que se impone cohonestar las necesidades del transporte marítimo con el máximo respeto a las comunidades de población. Desde el punto de vista del Derecho Administrativo, se genera un interesante campo de intersección de tres clases de instrumentos: la planificación portuaria, la planificación territorial y la planificación urbanística.
En la búsqueda de un deseable contexto sinérgico, conviene reparar en la existencia de los planes especiales, que pueden significar un eslabón esencial en aras a compatibilizar la planificación portuaria y la urbanística.
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