Constitucionalidad o no de leyes y disposiciones administrativas

• Autores: Julio Galán Cáceres
• Localización: CEFLegal: Revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos, ISSN-e 2697-2239, ISSN 2697-1631, Nº. 19-20, 2002
• Idioma: español
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • • Enunciado:

    Se han publicado las siguientes leyes y disposiciones administrativas:

    1. Ley de Cataluña XXX, reguladora de la Administración Hidráulica de Cataluña, cuya exposición de motivos subraya que su regulación permite «la articulación en la protección de los servicios hidráulicos de la Generalitat del ejercicio de sus competencias exclusivas y de las funciones que, de acuerdo con la legislación vigente, le han sido encomendadas, siempre dentro del respeto a la unidad de la Cuenca Hidrográfica que se proclama de forma expresa en la propia Ley».

    El art. 35.2 dice que «la Junta de Aguas cuidará del buen orden del aprovechamiento y ejercerá las demás funciones que le atribuya el Ordenamiento Jurídico en relación con las Comunidades de Usuarios titulares de aprovechamientos de aguas que pertenecen a cuencas intercomunitarias».

    El art. 38 asigna a la Generalitat la sanción de las infracciones leves y menos graves en el ejercicio de la función ejecutiva de policía del dominio público hidráulico en la parte catalana de cuencas supracomunitarias. El organismo de cuenca correspondiente, integrado en la Administración General del Estado, se limitará a conocer del recurso de alzada que pueda interponerse contra las sanciones impuestas por la Generalitat.

    2. Decreto XXX de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares sobre «Pesca de arrastre de fondo en las Islas Baleares». Su ámbito de aplicación no se circunscribe a las aguas interiores, sino, con mayor extensión, a las aguas de las Islas Baleares, sin determinar su límite externo.

    En su art. 1.º define la pesca de arrastre, en el 3.º se establece el tamaño de las embarcaciones, en el 4.º las dimensiones mínimas de las mallas, en el 6.º y 7.º las licencias y autorizaciones ...

    3. Ley de la Comunidad Valenciana XXX, del Síndico de Agravios (Defensor del Pueblo de la Comunidad). El art. 24.2 da protección penal a la función investigadora del Síndico, calificando como delito de desobediencia ciertas conductas de los funcionarios públicos, ampliando el tipo penal de dicho delito previsto en la legislación general del Estado.

    4. Ley de la Comunidad de Madrid de Presupuestos Generales. Uno de sus artículos crea fondos para mejoras retributivas que contravienen el tope máximo del 4 por 100 establecido por la LPGE para el incremento de las retribuciones de los funcionarios públicos.