(In)compatibilidad del financiamiento ilegal de la actividad parlamentaria con el delito de cohecho (art. 248 y ss. CP)

• Gonzalo García Palominos ^[1]
  1. [1] Universidad de los Andes (Chile)
• Localización: Política Criminal: Revista Electrónica Semestral de Políticas Públicas en Materias Penales, ISSN-e 0718-3399, Vol. 14, Nº. 27, 2019, págs. 122-172
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • (In)compatibility of the Illegal Financing of the Parliamentary Activity with the Crime of Bribery (art 248 ss. CP)
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• Resumen
  • español

    Este artículo problematiza la tesis sostenida por organismos públicos de persecución penal de solucionar los posibles vacíos de punibilidad anteriores (y probablemente también, posteriores) a la entrada en vigencia de la Ley N° 20.900 sobre financiamiento irregular de la política, utilizando los tipos penales de cohecho de los arts. 248 y ss. del Código Penal. El artículo ofrece una reconstrucción del injusto típico del delito de cohecho (de lege lata), confirmando la opción del legislador por el “modelo del acuerdo ilícito”. Se llega a la conclusión que dicho modelo regulatorio es, por regla general, incompatible con la comprensión típica de las constelaciones de financiamiento irregular o ilegal de la política de parlamentarios o congresistas. La solución a aquellos vacíos exigiría una modificación legal que hoy no está contemplada en la legislación chilena.

  • English

    This article examines the thesis of by the Attorney General’s Office to solve possible punitive gaps, that have existed before (and probably after) the inforce of Law No.

    20.900 on politics’ irregular financing, using the criminal offenses of bribery of arts.

    248 et seq. of the Criminal Code. The article offers a reconstruction of the crime of bribery (de lege lata), confirming the option of the legislator toward the " illicit agreement model". It is concluded that said regulatory model is, as a general rule, incompatible with the common understanding of irregular or illegal financing constellations of parliamentarian’s policy. The solution to those gaps would require a legal modification that is not currently contemplated in Chilean legislation.