Resumen de An economic analysis of court fees: evidence from the Spanish civil jurisdiction
Juan S. Mora Sanguinetti, Marta Martínez Matute
La aprobación de un sistema de tasas judiciales se ha justificado tradicionalmente como un medio para mejorar la eficacia judicial, en tanto que podría reducir el número de conflictos que se llevan ante la justicia. La congestión judicial, de hecho, está relacionada con un peor rendimiento de la economía. Si bien España tiene una de las tasas de litigación más altas de la OCDE, tradicionalmente ha carecido de un sistema amplio de tasas judiciales. En 2002, el Congreso aprobó un sistema de tasas pagaderas por las personas jurídicas. En 2012, las tasas se ampliaron a las personas físicas y, en 2015, fueron derogadas parcialmente. Este documento aprovecha estos períodos limitados de vigor para analizar empíricamente los impactos de las tasas en la congestión judicial. Para poder hacerlo, se ha recopilado una base de datos trimestral con información sobre la carga de trabajo real de la jurisdicción civil. El análisis permite concluir que los efectos de las tasas, a pesar de haber reducido la congestión judicial, están lejos de ser homogéneos y dependen del tipo de procedimiento, la carga de trabajo de los órganos judiciales y las condiciones macroeconómicas locales.
