El presente trabajo realiza un primer análisis crítico acerca de la importante reforma orgánica y procesal que va a suponer la llamada nueva oficina judicial, desde la perspectiva de los secretarios judiciales como funcionarios considerados esenciales por la propia norma para la implantación de tal oficina. Resulta especialmente relevante la problemática derivada de la nueva distribución de competencias entre jueces y secretarios judiciales, al establecer la nueva norma una separación de las mismas de mayor claridad. Igualmente se aborda la dificultad de determinar con la nueva norma cuáles han sido los criterios delimitadores para esa separación de funciones entre ambos tipos de funcionarios y las razones por las que, habiendo sido otorgadas al secretario judicial funciones de naturaleza claramente jurisdiccional, no se reconoce por la norma este extremo ni sus posibles consecuencias.
También es objeto de análisis la llamada agenda de señalamientos como aspecto principal de discrepancia de la carrera judicial en relación con la reforma operada y la pretensión de dicha carrera de vincular la agenda con su independencia judicial. Finalmente se abordan los aspectos más relevantes acerca de las competencias que el secretario judicial asume en la ejecución civil, así como las dificultades que habrán de presentarse durante el periodo transitorio de aplicación de la nueva norma, que se adivina muy prolongado en el tiempo. Finalmente se destaca en este trabajo la necesaria independencia que los secretarios judiciales deben defender en sus nuevas competencias al tener suficiente cobertura legal para ello.
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