Resumen de Uso de la fuerza pública y derecho a la vida en Venezuela
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Las políticas de Estado deben orientarse a garantizar a la población el disfrute de sus derechos y proporcionarle condiciones de vida adecuadas para su desarrollo físico y espiritual. El Estado debe empezar por garantizar el derecho a la vida. Ello implica adoptar medidas de distinta índole para garantizar que las personas no corran el riesgo de perder la vida por cualquier circunstancia. Debe implementar políticas preventivas e impedir que terceros atenten contra el derecho a la vida. De esa obligación se desprende la necesidad de desarrollar políticas de seguridad ciudadana que den protección a las personas y las resguarden de cualquier situación que pudiera dar como resultado la pérdida de la vida. Nuestra Constitución garantiza en su artículo 43 el derecho a la vida. Expresamente indica que: a) Es un derecho inviolable; b) Ninguna ley puede establecer la pena de muerte; c) Ninguna autoridad puede aplicarla; d) El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma.
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La investigación que presentamos: “Uso de la fuerza pública y derecho a la vida en Venezuela” -elaborada por el criminólogo Keymer Ávila, quien lleva largo tiempo investigando y analizando la violencia institucional que produce cientos de muertes cada año-, tiene como propósito reivindicar el derecho a la vida para todas las personas, visibilizar más el fenómeno de la actuación ilegal e inconstitucional de funcionarios militares y policiales, y convocar a la sociedad a no ser indiferente ante un fenómeno que cada día parece agudizarse más. Una violencia institucional que devora incluso a quienes la practican. Graves violaciones a los derechos humanos que desafortunadamente quedan impunes, lo cual alienta a que se repitan.
