La reclamación de alimentos y otras prestaciones en el proceso penal: el delito de impago de pensiones

• Autores: Manuel López Jara
• Localización: La Ley Derecho de Familia: Revista jurídica sobre familia y menores, ISSN-e 2341-0566, Nº. 21, 2019 (Ejemplar dedicado a: Monográfico : relaciones familiares y Derecho Penal), págs. 25-45
• Idioma: español
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• Dialnet Métricas: 2 Citas
• Resumen
  • español

    La condena como autor de un delito de impago de pensiones conllevará como responsabilidad civil la condena al pago de las prestaciones debidas. Pero esto solo será posibles tras un proceso penal en el que habrán de acreditarse y probarse que concurren todos los elementos objetivos y subjetivos (el dolo). Particularmente problemático será la prueba del dolo (conocimiento de la obligación y voluntad deliberada de impago) pues si no existe la posibilidad de pago, la conducta del acusado no será voluntaria (no se paga porque no se quiere sino porque no se puede), lo que nos reconduce a la prueba de la capacidad económica del acusado, siendo éste un aspecto controvertido en la jurisprudencia menor, al igual que otros aspectos como la legitimación para denunciar o el alcance de la responsabilidad civil. Todo ello teniendo en cuenta que proceso civil de ejecución y proceso penal no son incompatibles, coexistiendo y, en ocasiones interfiriéndose.

  • English

    The conviction of the offender for the non-payment of pensions offence will entail as civil liability the conviction of the payment of the benefits due. But this will only be possible after a criminal process where it shall be credited and proved that all objective and subjective elements (wilful conduct) are present. Particularly problematic is the proof of wilful conduct (knowledge of the duty and deliberate intent of non-payment) because if there is no possibility of payment, the conduct of the accused will not be voluntary (the accused will not pay, not because he/she doesn't want to but because he/she cannot), which brings us to the proof of the economic capacity of the accused, which is one controversial aspect in the case law, as well as other aspects such as the legal standing to lay of an information (o file a lawsuit), or the scope of the civil liability. All this bearing in mind that the enforcement civil process and the criminal proceedings are not incompatible, coexisting and, on occasion, interfering.