Políticas sociales, derecho y protección de los mayores

• Gerardo Hernández Rodríguez ^[1] ; José Leira López ^[1]
  1. [1] Universidade da Coruña

     Universidade da Coruña

     A Coruña, España

     
• Localización: Comprender el presente, imaginar el futuro: nuevas y viejas brechas sociales / coord. por Jesús Ignacio Martínez Paricio, José Miguel Moreno Carrillo, 2018, ISBN 978-88-981-3832-6, págs. 163-181
• Idioma: español
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• Resumen

  • Con el incremento de la población anciana en nuestras sociedades se constata cada vez más una mayor dependencia y la familia sigue siendo la institución que, mayoritariamente, se responsabiliza, y su transformación está provocando que el apoyo informal esté entrando en crisis. Las necesidades de atención son cada vez más importantes, mientras que la capacidad de las familias de prestar tales cuidados se reduce constantemente.

    Ante esta situación, las políticas sociales y el Derecho tienen como objeto establecer las medidas, arbitrar los recursos y regular las relaciones jurídicas entre las personas, dando respuesta a los problemas y cuestiones que se plantean, garantizando la protección y ejercicio de los derechos y para dar respuesta a las necesidades y demandas surgidas de la realidad aquí considerada. Nuestras políticas sociales y nuestro ordenamiento jurídico han desarrollado, en los últimos años, instrumentos y figuras sociopolíticas y legales orientadas a la prevención de la autoprotección y al apoyo a las familias, sus bienes y sus derechos evitando o paliando, en la medida posible, nuevas formas de desigualdad vinculadas a la edad de las personas.

    Una innovación destacada en lo familiar, lo sociopolítico y lo legal es una parte importante del objeto de esta comunicación: la posibilidad de que las personas, aun en disfrute de un buen estado de salud física y mental, a través de figuras como la previsión de la autoprotección puedan disponer, al amparo de la ley, su futuro, el considerado más adecuado y deseable para sus personas, sus familias y sus bienes, con el concurso de instituciones, como las fundaciones tutelares, controladas por las administraciones públicas.