La primavera de 1979 marcó un punto de inflexión en el paso de la dictadura franquista a la actual monarquía parlamentaria. La renovación de los ayuntamientos, de acuerdo con los resultados de las elecciones del 3 de abril, significó el comienzo de una nueva y decisiva etapa en el proceso democratizador. Era el momento en el que, por fin, las instituciones locales iban a poder adquirir la legitimidad perdida a lo largo de los años y, de este modo, se iba a lograr extender y consolidar el sistema de derechos y libertades por todos los pueblos y ciudades del país.
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