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La tributación de los arrendamientos de inmuebles en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes: la discriminación a los residentes fiscales en los Estados Miembros de la Unión Europea

    1. [1] Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

      Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

      Valencia, España

  • Localización: Carta tributaria. Revista de opinión, ISSN 2443-9843, Nº. 50, 2019
  • Idioma: español
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • español

      La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento infractor contra España por permitir que su norma interna discrimine a los residentes fiscales de los Estados miembros respecto de los residentes fiscales en España, en materia de tributación de las rentas de alquileres inmobiliarios.

      La actual regulación del Impuesto sobre la Renta de No Residentes no permite que los residentes fiscales comunitarios se apliquen una reducción por alquiler de vivienda, que sí puede aplicarse a aquellos que tributen por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La Comisión, ha emplazado a España para que, en el plazo de dos meses modifique su norma interna, la cual ha indicado, vulnera la libre circulación de capitales recogida en el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Si no procede a realizar tal modificación, la Comisión procederá a emitir un dictamen motivado al respecto y podría denunciar la situación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

    • English

      The European Commission has decided to start a formal procedure against Spain asking to eliminate a discriminatori tax treatment for Non-residentes who reside in the European Union, related to the taxation of rental income.

      The current regularion of the Non Resident Tax does not allow the implementation of a reduction to the housing rental. Tax residents in Spain can apply this reduction. Thus, investors from other European Union Member State are subject to a different treatment that unduly restricts the free movement of capital according to the artícule 63 of the Treaty on Functioning of the European Union. If Spain does not act within the next two months, the Commission may send a reasoned opinion to the Spanish authorities and report the situation to the European Court of Justice.


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