Los cambios y mutaciones en el sistema de partidos y la actual fragmentación política que provoca, suscita la cuestión de si para garantizar la gobernabilidad deben adaptarse los sistemas normativos de formación de gobiernos o los regímenes electorales a las nuevas realidades políticas de mayor fragmentación. O, por el contrario, si la nueva situación puede incardinarse y alcanzar estabilidad con las normas que ya tenemos.
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