Mientras la tan reiterada «necesaria e inaplazable» reforma de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) pasa por décadas de retrasos y aplazamientos, los problemas de inadecuación del proceso penal a la realidad social se multiplican. De entre los muchos aspectos que conviene replantearse en nuestro proceso criminal, este estudio se centra en la conveniencia de otorgar la dirección de la investigación procesal al Ministerio Fiscal y los necesarios cambios que una decisión de estas características debe conllevar en el proceso a fin de garantizar el respeto por los principios básicos y esenciales que lo configuran (entre otros: igualdad de partes y derecho de defensa). Muchas de las ideas contempladas en este texto encontraron reflejo en un borrador de texto legislativo, elaborado por la Subcomisión para la reforma de la LECrim. (LA LEY 1/1882), creada en el seno de la comisión General de Codificación en los años 2004 a 2006.
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