El objetivo del presente trabajo es analizar el estado actual del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado por infracción del Derecho del Unión Europea, especialmente en el ámbito de aplicación judicial del Derecho de la Unión, examinando el impacto de los últimos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esta cuestión. Por otra parte, se analizan los aspectos más controvertidos del nuevo marco legislativo introducido por la Ley 39/2015, de. 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC), y la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP), que ha introducido la regulación legal de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por infracción del Derecho de la Unión Europea. Por primera vez, nuestro ordenamiento jurídico se ocupa de forma explícita de esta cuestión que, hasta la regulación introducida en el capítulo IV del Título Preliminar de la LRJSP, estaba basada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo en aplicación, a su vez, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
The objective of this paper is to examine the current status of the State liability regime for breach of European Union Law, especially in the field of judicial application of Community Law, examining the impact of the latest rulings of the Court of Justice of the European Union on this issue. On the other hand, the most controversial aspects of the new legislative framework introduced by Law 39/2015, of 1 October, of the Common Administrative Procedure of Public Administrations (hereinafter LPAC), and Law 40/2015 of 1 October, Legal Regime of the Public Sector (hereinafter LRJSP), which has introduced the legal regulation of the State liability of the Public Administration for infringement of European Union Law. For the first time, our legal system deals explicitly with this issue, which, until the regulation introduced in Chapter IV of the Preliminary Title of the LRJSP, was based on the case-law of the Supreme Court in application, in turn, of the case-law of the Court of Justice of the European Union.
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