Dentro de la intensa actividad legislativa enmarcada en el particular contexto político de la fase final de legislatura el Gobierno ha aprobado un nuevo Real Decreto en materia de vivienda y alquiler tras el fallido intento del RD–Ley 21/2018, de 14 de diciembre, que no superó el trámite de convalidación. El nuevo Real Decreto, que es continuidad del anterior, configura un nuevo estatuto del arrendatario que tiende a mejorar su posición contractual frente al propietario, así como un tímido intento de protección de los propietarios frente a alquileres de uso turístico, y algunas medidas adicionales para intentar dinamizar el mercado del alquiler en España. Dejando al margen valoraciones sobre el sesgo o conveniencia y eficacia de las medidas, abordamos en este artículo las modificaciones más importantes.
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