El constitucionalismo social y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

• Autores: Luis Jimena Quesada
• Localización: Lex social: revista de los derechos sociales, ISSN-e 2174-6419, Vol. 9, Nº. 1, 2019 (Ejemplar dedicado a: Homenaje profesor Manuel Terol Becerra, valedor y guardián de los derechos sociales), págs. 13-45
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Social constitutionalism and the sustainable development goals (sdg)
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• Resumen
  • español

    El Derecho Constitucional, y especialmente el Constitucionalismo Social, no puede quedar al margen del análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En efecto, la Agenda 2030 constituye una Agenda de Constitucionalismo Global de naturaleza básicamente social. Desde esta perspectiva, los ODS integran una especie de Pilar Universal de Derechos Sociales y, como consecuencia, inspiran el modelo social europeo y la realización de los derechos sociales en el orden constitucional nacional. Con tales premisas, el autor somete a análisis el valor interpretativo y la efectividad de los ODS en el sistema constitucional español a través de ilustraciones de la práctica legislativa, ejecutiva y judicial. Sin embargo, como retos de constitucionalismo multinivel, los ODS conforman no sólo una agenda para los poderes públicos, sino asimismo un compromiso para el conjunto de la ciudadanía y del tercer sector, sin olvidar el compromiso de los demás actores de la sociedad, incluyendo la Academia.

  • English

    Constitutional Law, and Social Constitutionalism in particular, cannot avoid the analysis of the Sustainable Development Goals (SDG). Indeed, the 2030 Agenda constitutes an Agenda for Global Constitutionalism of an essentially social nature.

    From this perspective, the SDG integrate a kind of Universal Pillar of Social Rights and, as a result, inspire both the European social model and the realization of social rights in the national constitutional order. With these premises, the author analyzes the interpretive value and the effectiveness of the SDG in the Spanish constitutional system through illustrations of legislative, executive and judicial practice.

    However, as many other multi-level constitutionalism challenges, the SDG make up not only an agenda for the public authorities, but also a commitment for the whole citizenship and the third sector, without forgetting the commitment of the other relevant societal actors, including the academia.