El real decreto-ley contiene determinados preceptos que afectan a la actuación administrativa local, como la emisión de informes relativos a la Seguridad Social de las personas que desarrollan programas de formación y prácticas no laborales y académicas, las protección por desempleo, o la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad legal de jubilación
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