Las entidades locales menores y la Ley de Contratos del Sector Publico, un año tras su publicación. De dónde venimos, dónde estamos y a donde vamos con la LCSP.

• Autores: Vicente Furió Durán
• Localización: Gabilex: Revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, ISSN-e 2386-8104, Nº. Extra 1, 2019 (Ejemplar dedicado a: Un año de compra pública con la LCSP), págs. 403-424
• Idioma: español
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    El nuevo régimen jurídico de la contratación menor, regulado en la reciente Ley de contratos del Sector Público, ha provocado un sin fin de reacciones: polémicas y discrepancias interpretativas, contradicciones doctrinales y multitud de informes divergentes, han provocado un contexto de inquietud y confusión, provocando inseguridad jurídica tanto en el Sector Público y a las propios adjudicatarios y licitadores. La Administración Local, y especialmente las entidades locales menores han sido las más afectada de esta incertidumbre jurídica.

    Hay que replantearse si estas entidades locales realmente se le pueden exigir los mismos requisitos que al resto de Administraciones como la del Estado o Diputaciones que disponen de suficientes recursos económicos y personales, para hacer frente a este nuevo régimen contractual. El resultado es una legislación que no valora factores como el tamaño, el presupuesto y la organización de las administraciones. Por ello, mantenemos una postura escéptica a la erradicación total de esta figura contractual del contrato menor, porque con su utilización correcta, es un gran instrumento de gestión contractual que consigue celeridad y agilidad para satisfacer el interés general

  • English

    The new legal regime of hiring less regulated in the recent Public Sector Contracts Act has caused a myriad of reactions: controversies and interpretative discrepancies, doctrinal contradictions and a multitude of divergent reports have given rise to a context of concern and confusion, causing legal uncertainty in both the public sector and the bidders themselves. Local government, and especially smaller local authorities, have been the most affected by this legal uncertainty. We need to consider whether these local authorities can really be required to meet the same requirements as the other administrations such as the state or parliaments which have sufficient financial and personal resources to deal with this new contractual regime. The result is legislation that does not value factors such as the size, budget and organisation of administrations. That is why we are sceptical about the total eradication of this minor contract figure, because with its correct use, it is a great contractual management tool that achieves speed and agility to satisfy the general interest.