Los ciudadanos, empresas y Estados europeos se ven expuestos a nuevos riesgos a medida que la ciberdelincuencia multiplica impunemente la sustracción de datos, los delitos contra la propiedad intelectual y los fraudes, así como los actos de ciberespionaje con fines comerciales o políticos originados desde Rusia, China o Turquía para desestabilizar Estados, instituciones o infraestructuras de la UE. El impacto económico de los ciberdelitos en la UE se ha quintuplicado durante los últimos cuatro años. La preocupación trasciende el daño individual físico o económico, pues la libertad y los derechos civiles de los ciudadanos de los Estados democráticos se ven amenazados por organizaciones y Estados que operan habitualmente desde países externos a la UE, tal como se ha constatado en el curso de los últimos procesos electorales.
En respuesta a esta comprometida situación, la Comisión Europea ha propuesto al Parlamento y Consejo de Europa un amplio conjunto de medidas orientadas a coordinar y reforzar las capacidades de la UE en materia de ciberseguridad. Entre otras, resaltan la creación de una Agencia Europea de Ciberseguridad y la definición de un marco europeo de certificación junto a nuevos instrumentos legislativos. Algunos Estados han mostrado discrepancias sobre la conveniencia de añadir nuevas medidas sin antes haber culminado el anterior plan de ciberseguridad de 2013.
El presente trabajo es un breve análisis crítico del nuevo Plan Estratégico que delimitará el terreno de juego de la ciberseguridad europeo en los próximos años ante la imparable progresión de la ciberdelincuencia en la comisión de delitos y actos terroristas añadido a los retos que ya plantean nuevos paradigmas tales como el Internet de la Cosas (IoT), la digitalización de la industria (Industria 4.0) y la economía digital de los datos.
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