En los tres primeros lustros del siglo XXI las ciudades españolas han dispuesto de un ingente caudal normativo, extremadamente sensible al cambio político y por lo tanto generador de incertidumbre, que en la práctica ha hecho críptica y laberíntica la gestión urbanística urbana y regional. A todo ello se añade una reiterada sucesión de errores y discrepancias en torno a la interpretación de la Ley 8/2007 de Suelo, y una apropiación política de la ciudad, en cada ciclo regulador, que hace bascular a ésta desde el despilfarro consumista, debido a una clasificación de suelo desproporcionada, propia de los dos primeros lustros del siglo XXI, al despilfarro que representa el abandono sobrevenido de urbanizaciones y promociones de vivienda, desarrolladas al amparo de una ley y un tipo de planeamiento irreflexivo e irresponsable.
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