Septiembre de 2017 ha sido la fecha clave para que el intercambio de información financiera realizado de manera automática culminara en numerosas jurisdicciones que, o bien han firmado Acuerdos bilaterales de intercambio de información, o bien se han visto obligadas a ello por aplicación de Convenios multilaterales o Directivas. España ha incorporado a su ordenamiento jurídico dicha normativa, obligando a las instituciones financieras a convertirse en «colaboradores necesarios» en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal a nivel internacional.
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