Próximo el final de la XII Legislatura, cuando tal circunstancia suceda se abrirá un período de tiempo en el que habrá que reflexionar serenamente sobre los acontecimientos jurídico-tributarios sucedidos desde el año 2011, que han sido muchos y graves en el orden de la confianza legítima, de la seguridad jurídica en general; periodo de tiempo en que habrá que plantearse la conveniencia de que quienes habitualmente nos dedicamos a lo tributario lo hagamos con más frecuencia e intensidad de los términos en que se desarrolla la POLÍTICA FISCAL (¡sí, sí, en mayúsculas!) como concepto global que incluye tanto la política del gasto como del ingreso, esta última cada vez soportando una presión mayor de aquella y, dado que esa tendencia va «in crescendo», es fundamental hacer llegar a la ciudadanía, sin tecnicismo, con la mayor claridad posible, la importancia que tienen en una sociedad realmente democrática, tanto un sistema tributario justo, como un control [real, eficaz y eficiente] del gasto público que, hoy por hoy, no existe en España, como acreditan habitualmente los Informes de fiscalización evacuados por el Tribunal de Cuentas, a alguno de los cuales nos referimos en el presente Editorial/Crónica
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