En este artículo se analizan las razones jurídicas y económicas que justifican que la relación entre los accionistas y los administradores (principal-agente) sea la más eficaz para el cumplimiento del contrato social y el de los contratos de la propia corporación con terceros. El riesgo asumido por los accionistas (“propietarios residuales”) genera los incentivos para vigilar y sancionar a los integrantes de otros grupos de interés —particularmente a los administradores— que no maximicen el valor social.
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